En sesión pública, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) resolvió el juicio de la ciudadanía identificado con la clave TRIJEZ-JDC-105/2024 promovido por un ciudadano en contra de un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).

En la demanda, el actor sostuvo que el IEEZ debió ampliar el plazo requerido para recabar firmas de apoyo ciudadano para la solicitud de Revocación de mandato, pues consideró que el tiempo que se les concedió fue insuficiente.

Al respecto, el TRIJEZ determinó confirmar el acuerdo impugnado pues de las pruebas que obran en el expediente quedó demostrado que la captación del apoyo ciudadano, inició a partir de la fecha en que se presentó el escrito de intención, que se les dieron los mecanismos para la captación de firmas y que el periodo en que no tuvo alcance la aplicación móvil, les fue restituido.

Por ello, es evidente que la Autoridad responsable no dejó de observar los ordenamientos constitucionales y legales aplicables al proceso de Revocación de Mandato, en virtud a que en todo momento proporcionó de manera oportuna al Actor los medios para recabar las firmas.

En sesión pública, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) resolvió nueve Procedimientos Especiales Sancionadores (PES), un Juicio Electoral (JE) y cinco Juicios de la ciudadanía (JDC) interpuestos por diversos partidos políticos y personas ciudadanas.

Entre dichos asuntos, resalta el Procedimiento Especial Sancionador de clave TRIJEZ-PES-095/2024 iniciado por el Partido Revolucionario Institucional para denunciar la presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido atribuida a Gobierno del Estado de Zacatecas.

Al respecto, el Pleno del TRIJEZ determinó por un lado, que la propaganda gubernamental denunciada formó parte de una estrategia de comunicación educativa relacionada con la declaratoria gubernamental "2024, año de la Paz en Zacatecas" por lo cual actualizó la excepción prevista en el artículo 41, fracción III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Federal.

En ese sentido, en coincidencia con los criterios establecidos por la Sala Superior del TEPJF se resaltó que la información educativa lo será así cuando se enlace con una problemática de prioridad nacional que deba ser atendida por el Estado a fin de que la sociedad comprenda determinada situación, aproveche ciertos recursos, o preserve y fortalezca la cultura.

En el caso, del análisis de las pruebas que existían en el expediente se acreditó que la propaganda gubernamental denunciada atendía a una problemática de prioridad nacional, en concreto, aquella relacionada con la violencia y la necesidad de preservar y fortalecer la cultura de la paz para prevenirla.

Por ello, las Magistraturas señalaron que la propaganda denunciada en espectaculares, lonas, vinilos en transporte público así como publicaciones en redes sociales o internet estuvo relacionada con el concepto de educación, el cual abarca el acceso a la cultura y, naturalmente también la cultura de la paz.

De ahí que, por unanimidad de votos, se declaró la inexistencia de la infracción relativa a la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido de aquellos materiales vinculados con la estrategia de comunicación relacionada con la declaratoria gubernamental "2024, año de la Paz en Zacatecas".

Por otro lado, las Magistraturas determinaron que la difusión de diversa información a través de redes sociales institucionales (Facebook) durante el periodo de campaña sí acreditó la infracción relativa a indebida difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, conducta atribuida a las personas titulares de la Dirección de Comunicación Digital y Coordinación de Comunicación Social de la Jefatura del denunciado.

Lo anterior, puesto que aun cuando las publicaciones controvertidas contenían elementos que pretendían vincularlas con la declaratoria gubernamental “2024, año de la paz en Zacatecas”, las mismas se alejaban de una finalidad educativa pues trataban sobre acciones de gobierno o programas de la administración estatal a través de las cuales se pretendió obtener una adhesión por parte de la ciudadanía.

Como resultado, las Magistraturas señalaron que era de vital importancia que las personas servidoras publicas encargadas de las redes sociales institucionales de Gobierno del Estado evitaran una actuación que de alguna manera influenciara o interfiriera en las preferencias electorales, situación que en el caso no aconteció.

Por ello, también se tuvo por acreditada una vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda así como uso indebido de recursos públicos, de modo que se determinó dar vista al superior jerárquico para que actuara de conformidad con lo previsto en el reglamento aplicable.

Finalmente, en cuanto a los expedientes de clave TRIJEZ-JE-002/2024, TRIJEZ-JDC-086/2024 y acumulados, TRIJEZ-JDC-093/2024, así como TRIJEZ-JDC-097/2024, el Pleno del TRIJEZ determinó desechar de plano las demandas, al actualizarse diversas causales de improcedencia previstas en la Ley del Sistema Medios de Impugnación Electoral, tales como, falta de competencia, falta de legitimación y personería de quienes promovían, y haber sido promovidos de manera extemporánea.

En sesión pública, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) resolvió trece Procedimientos Especiales Sancionadores (PES), un Recurso de Revisión (RR) y dos Juicios de la ciudadanía (JDC) interpuestos por diversos partidos políticos y personas candidatas a puestos de elección popular dentro del pasado proceso comicial.

Entre los asuntos resueltos, dos trataron el tema de la protección al interés superior de la niñez en las campañas electorales, el Tribunal determinó que los entonces candidatos debieron respetar los “Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral” emitidos por el INE, en los que contempla que para que puedan aparecer menores en sus imágenes de campaña es indispensable contar con el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela y que si era su intención difundir imágenes con menores en sus redes sociales estaban obligados a difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que los hiciera identificables.

Con este criterio, el Tribunal asume el compromiso de proteger la imagen de la niñez en las campañas electorales a efecto de salvaguardar su derecho a la intimidad.

En dicha sesión, se resolvieron diversidad de procesamientos especiales sancionadores en los que se determinó declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas porque no se lograron demostrar los elementos constitutivos de la infracción electoral o por falta de pruebas para demostrar los hechos denunciados; otros medios de impugnación se declararon improcedentes falta de competencia para conocer de los mismos y pos desistimientos de las partes.

Finalmente en los procedimientos sancionadores TRIJEZ-PES-29/2024 Y ACUMULADO, TRIJEZ-PES-081/2024 y TRIJEZ-PES-057/2024 se acreditaron violaciones a diversas reglas de propaganda electoral, por lo que se sancionó a los denunciados con Amonestación Pública.